Por: Alejandra Valencia Romero
Retrasos en las remodelaciones de sedes de instituciones educativas, predios que no están legalizados y recursos que van a manos de los rectores, algunos de los problemas que afectan a la población estudiantil de básica y secundaria del Valle del Cauca.
El Valle del Cauca cuenta con 14 municipios no certificados por la Secretaría de Educación del Valle, en los que se realizan remodelaciones a la infraestructura de las instituciones educativas públicas, pero en este objetivo la Administración Departamental va perdiendo el año.
La problemática principal es que desde el año 2015 la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, realiza el proceso de actualización de los bienes de las instituciones educativas que tienen a su nombre los rectores de las mismas. Es decir, que casi 6 años después, los recursos que se asignan para estas obras, no se sabe en manos de quién están y lo más seguro es que llegan a las manos de los rectores de turno.
Después del proceso de actualización se logró sistematizar los inventarios de las 149 instituciones no certificadas del Valle del Cauca y en 2020, solo el 22.8%, que corresponde a 34 rectores, envió correctamente el inventario de actualización.
En el municipio de Dagua, en el corregimiento El Palmar, la sede José María Cabal, que se encuentra en remodelación desde febrero de 2021, es una de ellas. Con un presupuesto de $2.522.240.848 para mejorar 14 aulas con miras a beneficiar 329 estudiantes, al cierre de 2021 la obra tenía cuatro meses de retraso. Según la Contraloría Departamental del Valle, restauraciones similares de 22 sedes educativas más, estaban suspendidas por retrasos a causa de la Pandemia del Covid 19 y el Paro Nacional, anunció Alexandra Monedero, subsecretaría de Planeación Sectorial de la Secretaría de Educación.
La anterior puede ser uno de los casos menos graves, pues hay situaciones como el de la Institución Educativa Evaristo García, de Cali, que presenta más de un año de atraso en su proyecto de remodelación, para el cual fueron demolidos varios salones, lo que significó un hacinamiento de alumnos en las aulas restantes. Sin embargo, el incumplimiento de los contratistas, las prórrogas e inconsistencias en los contratos, han generado demoras de varios meses en la ejecución, inclusive hay colegios que llevan varios años con obras inconclusas y sedes desmanteladas.
El Boletín Estadístico de 2020 muestra que en el Valle las instituciones educativas públicas se ven afectadas en su infraestructura e instalaciones, ya que la educación se ofrece en edificios en mal estado y no cuenta con espacios adecuados para los estudiantes ni para el personal que labora dentro del mismo. Es contradictorio ya que desde el Ministerio de Educación se afirma que el sector educativo recibe unos de los presupuestos más grandes de todo el país.
Sin embargo, muchos de estos recursos destinados a estas instituciones educativas terminan perdiéndose en burocracia, tramitología y corrupción en la contratación.
María Cheng estudió educación y pedagogía en la Universidad del Quindío en 1972. Fue rectora en las instituciones educativas Carlos Holguín Mallarino y Agustín Nieto Caballero, de Cali. Por la problemática que muestra el mencionado Boletín, en la que los predios de algunas instituciones municipales del Valle del Cauca aparecen a nombre de los rectores, esta docente cuestiona que los recursos que llegan a las instituciones públicas queden en manos de directivos institucionales no correspondientes.
“No estoy de acuerdo que los recursos económicos lleguen a los rectores porque, todo mundo no es honesto, entonces entran primero enfocándose en las necesidades del rector y no lo hacen de acuerdo con las necesidades que exigen los padres de familia; porque como mamá puedo decir, este piso está en mal estado, pero él ve que el presupuesto es más alto y ve otra cosa y va a decir, no, eso tiene espera y así no se concluye ningún trabajo que beneficie a la comunidad educativa”, denuncia Cheng, quien hace 7 años está pensionada, pero declara que en toda su vida en la docencia aprendió lo del manejo de las instituciones.
“Los cambios en la educación se van debilitando porque, hace mucha falta el sentido de pertenencia de coordinadores y rectores, porque no les interesan las instituciones, les interesa es el sueldo”, enfatiza la educadora.
Cifras y datos
En el año 2020, los estudiantes matriculados en las instituciones educativas de los municipios no certificados del Valle, ascendía a 234.481 en el rango de edad de 0 a 16 años, es decir que ha tenido una disminución alta, mencionó el DANE.
Los municipios certificados son aquellos con más de 100.000 habitantes que cumplen los requisitos establecidos por el Ministerios de Educación Nacional (MEN). Y los no certificados son aquellos con menos de 100.000 habitantes, pero tienen la función de administrar el Sistema de Formación Educativa Municipal y si muestran capacidad técnica, administrativa y financiera según el reglamento establecido por el MEN, tienen la oportunidad de certificarse.
De los 42 municipios del Valle del Cauca, solo ocho están certificados en educación y en ellos se concentran la mayor cantidad de habitantes, que suman 3.681.003 personas, que representan el 81.2% del total de la población vallecaucana. Son Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo, Buga, Tuluá, Buenaventura y Cartago.
Los municipios no certificados son Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, El Águila, El Cairo, El Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles, Zarzal, Andalucía, Bugalagande, Calcedonia, Calima, Guacarí, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Yotoco, Candelaria, Dagua, El Cerrito, Florida, Ginebra, La Cumbre, Pradera y Vijes.
La cuestión es: ¿Qué se espera de la educación en una larga fila de municipios no certificados? O, si la educación es indispensable, ¿sí la reciben todos? Precisamente, en esos municipios no certificados, es donde se concentran los mayores índices de analfabetismo en mayores de 15 años, que llegan hasta 12%, como en Argelia y El Dovio.
En Dagua la población estudiantil agrupada por edades desde el año 2019 al 2021 es de 29.790, es decir que ha venido disminuyendo la cantidad de estudiantes en ese lapso, según las cifras del mencionado documento. Y aparte de la pandemia que conllevó a la virtualidad y del Paro Nacional, las demoras en las entregas de las sedes educativas remodeladas puede ser un factor relevante para el aumento de la deserción escolar.
La Secretaría admite que en 2020 recibió 15 solicitudes de dotación de mobiliario, pero que por efectos de la Pandemia no se ejecutaron proyectos de este tipo y los recursos se transfirieron para suplir necesidades de los elementos de bioseguridad en las sedes educativas de los 34 municipios no certificados.
La entidad administra la prestación de servicio educativo en esas 34 localidades, a través de 149 instituciones con sus respectivas sedes educativas. El informe revela que de los 42 municipios, solo 13 tienen el 100% de sus predios educativos legalizados. No obstante, la entidad anuncia que se logró legalizar el 94% de las sedes educativas, lo cual significa que hay un 6% aún en el limbo jurídico.
Según el boletín estadístico 2020, el Valle contaba en 2020 con 5.783 docentes, 1.278 administrativos, 456 directivos docentes y 8 grupos de apoyo a la gestión educativa municipal (GAGEM).
En el municipio de Dagua, al corte de 2019, 11 establecimientos educativos oficiales y 5 no oficiales, en el 2020 son 11 oficiales y las no oficiales se incrementaron a 7.
No obstante, la matrícula escolar fue disminuyendo cada año por diferentes situaciones sociales y políticas que pasan en Colombia, como el desplazamiento forzado de la población por el conflicto armado y la situación económica de las familias por el desempleo.
Del año 2015 a 2019, la tasa de las matrículas académicas fuese muy baja, pero en 2020, a pesar de la pandemia del covid 19, se incrementó 1.73%. Los matriculados en el Valle en 2015 fueron 134.879; en 2016, sumaron 133.011, bajaron a 130.061 en 2017; disminuyeron a 125.100 en 2018, y 127.276. Es decir, 7.603 estudiantes “se desaparecieron” de las aulas escolares en cuatro años.
Y la tasa de deserción escolar en los municipios no certificados, que había disminuido de 3,09 % en 2015, a 1,76% en 2019, en 2020 no se obtuvo información exacta por todo lo que generó la pandemia, la virtualidad y la situación económica que empeoró.
Sin embargo, las comunidades educativas como las de la sede José María Cabal, del corregimiento El Palmar, de Dagua, se siguen preguntando si hay una relación directa o indirecta entre la deserción escolar y la tardanza en la ejecución de las obras de remodelación de centros educativos de municipios no certificados en educación, es decir, donde el presupuesto llega a manos de los rectores.
PERIODISMO DE DATOS
A partir de una inquietud de su lugar de origen, la estudiante consigue un documento oficial, del cual decanta cifras reveladoras de la problemática educativa regional, y cruzando variables, redacta un reportaje que permite visibilizar una realidad oculta en las simples estadísticas.
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